Por una vivienda digna

Pensiones, inquilinatos, conventillos, casas ocupadas, hoteles familiares... se los conoce con distintos nombres, pero tiene algo en común: son la única opción para las familias que no pueden alcanzar a cumplir con los requisitos exigidos a la hora de alquilar una vivienda, previa a trasladarse a una villa de emergencia o mudarse con sus pertenencias a alguna de las veredas de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las ciudades más ricas, y a la vez, más expulsiva del país.

Esta semana fuimos testigos del conflicto en Villa Soldati y en la Villa 20 de Lugano, donde la policía metropolitana y la federal reprimieron brutalmente a varias familias que ocupaban un sector del Parque Indoamericano. La policía desató una feroz represión en el parque y en zonas aledañas, hiriendo a muchas personas y, en lo que va del conflicto, asesinando a tres: Bernardino Salgueiro, Rosemary Churapuña y Juan Castañares Quispe.

Las familias buscaban un techo y se les respondió con balas. Este es el emergente reciente de una problemática histórica en una ciudad que es el epicentro de la riqueza, de los recursos y el trabajo. Una ciudad donde el derecho a vivir dignamente se enfrenta con el aumento despiadado del valor de la tierra y la consecuente especulación. Xenofobia, estigmatización e intolerancia terminan de complejizar la trama. Una correlación de fuerzas que sólo se da vuelta con información, lucha y organización.

Déficit habitacional

El déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires afecta a más de 500.000 personas que no

pueden cumplir con las condiciones mínimas para una vivienda adecuada.

La política pública de Mauricio Macri en materia de vivienda está demostrada por la subejecución del presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (I.V.C): sólo fue utilizado el 18,6% de los fondos estatales reservados para subsidios, créditos para cooperativas de vivienda y planes de construcción de viviendas sociales, según el informe realizado por la Comisión de Vivienda de la Legislatura. A esto se suma el frustrado proyecto de Ley (Exp. Nº 2660/09) por el cual se pretendía lograr autorización para vender terrenos públicos destinados

a la vivienda social en La Boca, Soldati, Lugano y Mataderos, propiedad del I.V.C. Esta gestión alcanzó un récord en intentos y desalojos a casas de familia, espacios culturales y comunitarios. En el caso de los desalojos forzosos a familias, el Estado justifica su falta de intervención calificando la situación como “un conflicto entre privados”, y sólo se hace presente con sus funcionarios judiciales y la fuerza represiva al momento de desalojar a las familias, sin ofrecer solución alguna para esta situación. El Estado falta así a su deber de garantizar los derechos de todas las personas, privilegiando la defensa de la propiedad sobre cualquier derecho fundamental.

Según la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los DD.HHH y el Pacto Internacional

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está entre las obligaciones del Estado garantizar

a todos el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. El derecho a la vivienda esta vinculado

a otros derechos humanos, no debe restringirse al concepto de vivienda a secas, debe interpretarse en sentido integral. Vivienda digna significa disponer de un espacio adecuado para habitar, seguridad, iluminación y ventilación adecuada, infraestructura de servicios básicos y el acceso garantizado a la educación, el trabajo y la salud.

Especulación inmobiliaria

La especulación del mercado inmobiliario en la ciudad es salvaje. Los créditos hipotecarios son cada vez más inaccesibles. El valor de los terrenos se ha incrementado. Donde ahora hay una edificación de dos plantas en el futuro puede haber un edificio de varios pisos, multiplicándose su valor por la cantidad de plantas que se permitan construir a lo alto. Dadas estas condiciones, son varios los hoteles que ya han cerrado y muchos más los que sumándose a esta movida especulativa están dejando sin vivienda a numerosas familias.

Debido a la demanda, el costo de las habitaciones, pequeñas y con pocas comodidades en el mejor de los casos, se ha incrementado en forma desmedida y las condiciones para la admisión se han vuelto abusivas. Por ejemplo, en muchos hoteles no aceptan a personas con niños y llegan a pedir mensualmente una suma equivalente al alquiler de un departamento de dos ambientes en esta misma ciudad. Claro que esa no es una posibilidad para estas familias que no cuentan con los requisitos que exigen las inmobiliarias: recibos de sueldo, garantías propietarias, comprobación de ingresos, entre muchos otros. En la mayoría de los casos se trata de familias que provienen del interior de nuestro país y de países hermanos, que vienen a Buenos Aires con la ilusión de una mejor calidad de vida.

En este contexto se está produciendo un vaciamiento de los hoteles por medio de subas arbitrarias del alquiler, abandono y deterioro intencionado de las instalaciones por parte de los dueños y el abuso de sanciones por incumplimiento de reglamento, cuando no infiltrados para generar disturbios o aprietes de patota para que las familias abandonen el lugar.

Organización

Ante el abuso de los propietarios o administradores, que en muchos casos no pueden desmostrarlo legalmente, la falta de posibilidades para acceder a otra vivienda y la acción represiva como respuesta estatal, muchos vecinos han encontrado como salida unirse en defensa de sus derechos.

Así se conformó el espacio de Familias en Lucha por una Vivienda Digna integrado por aquellas personas que viven en los distintos hoteles en riesgo de desalojo en los barrios de la zona sur, como Constitución y Barracas, acompañados por organizaciones sociales, estudiantiles, religiosas, culturales y medios de comunicación alternativos.

Este espacio de vecinos nucleados por la problemática de vivienda, tuvo como antecedente inmediato el allanamiento e intento de desalojo del hotel familiar El Cid, en el barrio de Constitución, el 5 de agosto de 2009, con la intervención del G.E.O.F haciendo gala de sus tácticas militaristas armas de guerra en mano frente a 40 familias que se resistieron a pagar un aumento de alquiler abusivo e ilegal.

La situación adversa que atraviesan estas familias se tradujo en encuentros donde conocer a otros en la misma situación, intercambiar experiencias y consejos legales, aprender de los aciertos y los errores propios o ajenos, concensuar soluciones y acciones comunes y, principalmente, sumar fuerza por medio de la participación, el compromiso y la organización. Coordinan y realizan en forma autónoma actividades para plantear sus reivindicaciones ante los funcionarios gubernamentales y participan activa y solidariamente en la resistencia a los desalojos de hoteles familiares, enfrentando al aparato represivo policial y obligando al Estado a que se haga presente para asistir a las familias vulneradas en sus derechos, exigiendo una solución habitacional definitiva para las mismas.

Es por medio de la organización y la acción, la solidaridad, el compromiso y la persistencia que se está logrando detener numerosos desalojos ilegales.

Ya no alcanza con un oficial de justicia y algunos patrulleros para pisotear los derechos de estas familias… ellas ya no están solas, están acompañadas por otras familias, por vecinos y por las organizaciones del barrio que desde su lugar acompañan y aportan a esta experiencia legítima de organización y lucha popular.